El conflicto con UPM
En octubre se cumplió un año desde que Cancillería Argentina denunció públicamente que acudiría a la Corte Internacional de Justicia a raíz del aumento unilateral de la producción anual de UPM (ex Botnia) autorizado por el gobierno uruguayo.
El 15 de octubre de 2013 Argentina pidió que Uruguay revisara esa decisión unilateral y días más tarde comunicó que no sólo iría a la Corte Internacional con asiento en La Haya, sino también “el gobierno argentino procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales”, tal como lo indicó la Cancillería en su momento a través de una conferencia de prensa y una comunicación oficial. Sin embargo, nada de nada ha pasado.
Nada se sabe sobre la instancia de La Haya y las comisiones binacionales siguen funcionando con más intensidad que nunca, prueba de ello es el acuerdo por el dragado del río Uruguay.
El aumento de producción anual de UPM a 1.365.000 toneladas de pasta de celulosa fue otro hecho consumado, donde Argentina realizó declaraciones rimbombantes, acaso como un juego de pirotecnia, más para entretener a los ciudadanos que para defender los derechos soberanos del pueblo en materia ambiental.
La administración del presidente uruguayo, José Mujica, ya lo había advertido, cuando sostuvo que no creían que Argentina recurra nuevamente a esa instancia judicial… y por el momento el tiempo le está dando toda la razón.
Todo parece indicar que no hay ninguna tensión entre ambos gobiernos, que así continúan con su política de postración frente a emprendimientos como el de UPM, donde ponen de rodilla a las República y dejan hacer cualquier cosa en sus territorios soberanos.
Este conflicto ambiental y social es alimentado por el frente político, donde la pastera tiene más influencia que los pueblos de ambas orillas.
Está más que claro que no hay vocación política, ni republicana, ni mucho menos una actitud de mínimos presupuestos democráticos para hacer cumplir la ley a la pastera. Y esto es así principalmente porque todos los partidos políticos con representación parlamentaria sin excepción, especialmente en Argentina, eligieron privilegiar los intereses de UPM que los de su pueblo.
La historia enseña que cuando la política no sabe resolver sus conflictos, las controversias no se superan sino que se agudizan, se profundizan, transcurra el tiempo que transcurra.
Hace un año que la amenaza del canciller Héctor Timerman de acudir a la Justicia Internacional no avanza, y hace once años que la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) sigue siendo –por excelencia- la puerta de ingreso para que se continúe con una de las mayores contaminaciones en la región.
Nada se sabe sobre la instancia de La Haya y las comisiones binacionales siguen funcionando con más intensidad que nunca, prueba de ello es el acuerdo por el dragado del río Uruguay.
El aumento de producción anual de UPM a 1.365.000 toneladas de pasta de celulosa fue otro hecho consumado, donde Argentina realizó declaraciones rimbombantes, acaso como un juego de pirotecnia, más para entretener a los ciudadanos que para defender los derechos soberanos del pueblo en materia ambiental.
La administración del presidente uruguayo, José Mujica, ya lo había advertido, cuando sostuvo que no creían que Argentina recurra nuevamente a esa instancia judicial… y por el momento el tiempo le está dando toda la razón.
Todo parece indicar que no hay ninguna tensión entre ambos gobiernos, que así continúan con su política de postración frente a emprendimientos como el de UPM, donde ponen de rodilla a las República y dejan hacer cualquier cosa en sus territorios soberanos.
Este conflicto ambiental y social es alimentado por el frente político, donde la pastera tiene más influencia que los pueblos de ambas orillas.
Está más que claro que no hay vocación política, ni republicana, ni mucho menos una actitud de mínimos presupuestos democráticos para hacer cumplir la ley a la pastera. Y esto es así principalmente porque todos los partidos políticos con representación parlamentaria sin excepción, especialmente en Argentina, eligieron privilegiar los intereses de UPM que los de su pueblo.
La historia enseña que cuando la política no sabe resolver sus conflictos, las controversias no se superan sino que se agudizan, se profundizan, transcurra el tiempo que transcurra.
Hace un año que la amenaza del canciller Héctor Timerman de acudir a la Justicia Internacional no avanza, y hace once años que la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) sigue siendo –por excelencia- la puerta de ingreso para que se continúe con una de las mayores contaminaciones en la región.
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