Las prepagas subirán sus cuotas el cuatro por ciento desde marzo
Desde el gobierno nacional se les informó a las empresas prepagas de medicina la decisión y se redactó la resolución que habilita la suba del cuatro por ciento a partir de marzo.
Será la primera que se aplicará este año, aunque los directivos de las empresas sostienen que todavía deben compensar incrementos de costos que, por inflación e incorporación de obligaciones prestacionales, tuvieron durante el año pasado. En ese año, los bolsillos de los afiliados a planes de salud sufrieron un aumento acumulado del 28,5 por ciento. El último ajuste, también del cuatro por ciento, fue reciente, ya que llegó con las cuotas de diciembre pasado.
La nueva autorización que otorgará la Superintendencia de Servicios es en respuesta a un pedido hecho por representantes de la actividad en una extensa carta que, a mediados de diciembre, hicieron llegar a los ministros de Economía y de Salud, Axel Kicillof y Juan Luis Manzur, respectivamente; a la superintendencia de Salud, Liliana Korenfeld, y al secretario de Comercio, Augusto Costa.
En esa nota -que firmaron directivos de prepagas, clínicas, centros de diagnóstico y farmacias- se advertía sobre los efectos negativos en la calidad de las prestaciones, derivados de la insuficiencia de recursos que las entidades dicen tener. Se expresó que la situación era “acuciante” y se afirmó que era necesario un incremento de 12,5 por ciento en las cuotas “como mínimo y a cuenta de los mayores importes solicitados por cada una de las entidades”.
Además, la carta reconocía un ajuste del sector privado de salud en las variables que las empresas pueden manejar: los honorarios profesionales, las remuneraciones del personal fuera de convenio, el pago de obligaciones fiscales (muchas clínicas del país suman desde hace años deudas impositivas amparadas por una ley que impide embargos) y el estiramiento de los plazos para el pago a proveedores.
La dinámica se repite desde hace años: las empresas piden permiso para aplicar un aumento que, según consideran, compensaría los mayores costos, y luego se les autorizan subas inferiores. En septiembre pasado, varias prepagas presentaron ante el Gobierno recursos administrativos y pedidos de aclaración, porque desde la vigencia de la ley regulatoria de la actividad no se expusieron las razones por las que se autorizan determinados porcentajes de incrementos y no otros. Las entidades de salud entienden que, de esa manera, se incumple con las exigencias que tiene la ley, publicó ayer el diario La Nación.
Por su parte, los prestadores tienen previsto reunirse la semana próxima para evaluar la situación, según afirmó Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra). Esas entidades les reclaman a las prepagas un incremento en los aranceles por los servicios que dan a los afiliados y, según Cherro, en 2014 hubo un desfase entre las subas de costos y de ingresos que llegó al 12 por ciento.
La nueva autorización que otorgará la Superintendencia de Servicios es en respuesta a un pedido hecho por representantes de la actividad en una extensa carta que, a mediados de diciembre, hicieron llegar a los ministros de Economía y de Salud, Axel Kicillof y Juan Luis Manzur, respectivamente; a la superintendencia de Salud, Liliana Korenfeld, y al secretario de Comercio, Augusto Costa.
En esa nota -que firmaron directivos de prepagas, clínicas, centros de diagnóstico y farmacias- se advertía sobre los efectos negativos en la calidad de las prestaciones, derivados de la insuficiencia de recursos que las entidades dicen tener. Se expresó que la situación era “acuciante” y se afirmó que era necesario un incremento de 12,5 por ciento en las cuotas “como mínimo y a cuenta de los mayores importes solicitados por cada una de las entidades”.
Además, la carta reconocía un ajuste del sector privado de salud en las variables que las empresas pueden manejar: los honorarios profesionales, las remuneraciones del personal fuera de convenio, el pago de obligaciones fiscales (muchas clínicas del país suman desde hace años deudas impositivas amparadas por una ley que impide embargos) y el estiramiento de los plazos para el pago a proveedores.
La dinámica se repite desde hace años: las empresas piden permiso para aplicar un aumento que, según consideran, compensaría los mayores costos, y luego se les autorizan subas inferiores. En septiembre pasado, varias prepagas presentaron ante el Gobierno recursos administrativos y pedidos de aclaración, porque desde la vigencia de la ley regulatoria de la actividad no se expusieron las razones por las que se autorizan determinados porcentajes de incrementos y no otros. Las entidades de salud entienden que, de esa manera, se incumple con las exigencias que tiene la ley, publicó ayer el diario La Nación.
Por su parte, los prestadores tienen previsto reunirse la semana próxima para evaluar la situación, según afirmó Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra). Esas entidades les reclaman a las prepagas un incremento en los aranceles por los servicios que dan a los afiliados y, según Cherro, en 2014 hubo un desfase entre las subas de costos y de ingresos que llegó al 12 por ciento.
DE LA REDACCIÓN
EL ARGENTINO/AgenciasEste contenido no está abierto a comentarios