Tránsito acumula más de 800 motos retenidas en las cámaras del ex Frigorífico
El municipio sigue almacenando motos en las viejas cámaras de frío del ex Frigorífico Gualeguaychú y tuvo que acondicionar más lugar para seguir recibiendo rodados incautados en distintos procedimientos realizados por la Policía y Tránsito Municipal. Este año se espera que mucho del material rodante incautado salga a remante.
A las motos acumuladas por la Dirección de Tránsito, tras años de operativos viales, se suman las que son incautadas por los efectivos policiales. A mediados del año pasado las nueva disposiciones del Gobierno Provincial, para que la Policía intervenga en los operativos viales, permitió a la Jefatura Departamental de Policía, realizar procedimientos en las jurisdicciones de las ocho comisarías, provocando que las incautaciones de los rodados por diferentes infracciones, creciera exponencialmente.
En las que alguna vez fueron cámaras frigoríficas del viejo complejo industrial, se acumulan más de 800 motos, y en lo que fueron los galpones de carne de conserva enlatada se almacenan más de 135 autos.
Esta cantidad de vehículos, comenzaron a almacenarse desde hace años y por falta de lugar, Tránsito, debió acondicionar la instalación eléctrica, para dotar de luz a otros sectores de las viejas cámaras, con el fin de seguir almacenando motos.
Pese a que la ley 10.295, que establece el régimen de disposición final de vehículos o motos secuestradas depositadas en dependencias municipales o de la provincia, por infracciones de tránsito y transporte, ya fue promulgada y el municipio adhirió, aún no pudo ser puesta en práctica al tener algunas imprecisiones.
Se trata de una ley que habilita a la provincia y municipios “a optar entre la venta de dichos bienes, mediante remate público, y la disposición administrativa del mismo”.
La ley intenta ser aplicable a todo vehículo o motovehículo secuestrado que se deposite en dependencias de municipios o de la provincia, a causa de infracciones de tránsito y de transporte, aunque quedarán excluidos los bienes secuestrados por disposición del Poder Judicial.
La autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo Provincial o el Departamento Ejecutivo Municipal, según sea la autoridad que haya dispuesto el secuestro.
Además, el Ejecutivo puede proceder a la venta en remate público de los bienes secuestrados a causa de infracciones de tránsito, en la forma, procedimientos y plazos establecidos en la ley.
Los bienes secuestrados se enajenarán mediante subasta pública, la que deberá llevarse a cabo si en el término de seis meses, contados desde la fecha del acta de secuestro, el titular registral o la persona denunciada por éste como adquirente o terceros interesados, no se presenta a retirar el vehículo secuestrado respetándose las formas, procedimientos y plazos previstos por la ley.
Sin embargo la ley todavía no fue reglamentada por el Ejecutivo Provincial, y hoy los municipios comienzan a tener serias dificultades para conseguir espacios adecuados que le permitan tener almacenados cientos de rodados, causando un problema ambiental al tener tantos vehículos almacenados con fluidos contaminantes, baterías, además de generar un costo fijo creciente al tener que disponer de personal las 24 horas para la custodia de esos bienes, que pertenecen a deudores del Estado municipal por no haber pagado las infracciones de tránsito.
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En las que alguna vez fueron cámaras frigoríficas del viejo complejo industrial, se acumulan más de 800 motos, y en lo que fueron los galpones de carne de conserva enlatada se almacenan más de 135 autos.
Esta cantidad de vehículos, comenzaron a almacenarse desde hace años y por falta de lugar, Tránsito, debió acondicionar la instalación eléctrica, para dotar de luz a otros sectores de las viejas cámaras, con el fin de seguir almacenando motos.
Pese a que la ley 10.295, que establece el régimen de disposición final de vehículos o motos secuestradas depositadas en dependencias municipales o de la provincia, por infracciones de tránsito y transporte, ya fue promulgada y el municipio adhirió, aún no pudo ser puesta en práctica al tener algunas imprecisiones.
Se trata de una ley que habilita a la provincia y municipios “a optar entre la venta de dichos bienes, mediante remate público, y la disposición administrativa del mismo”.
La ley intenta ser aplicable a todo vehículo o motovehículo secuestrado que se deposite en dependencias de municipios o de la provincia, a causa de infracciones de tránsito y de transporte, aunque quedarán excluidos los bienes secuestrados por disposición del Poder Judicial.
La autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo Provincial o el Departamento Ejecutivo Municipal, según sea la autoridad que haya dispuesto el secuestro.
Además, el Ejecutivo puede proceder a la venta en remate público de los bienes secuestrados a causa de infracciones de tránsito, en la forma, procedimientos y plazos establecidos en la ley.
Los bienes secuestrados se enajenarán mediante subasta pública, la que deberá llevarse a cabo si en el término de seis meses, contados desde la fecha del acta de secuestro, el titular registral o la persona denunciada por éste como adquirente o terceros interesados, no se presenta a retirar el vehículo secuestrado respetándose las formas, procedimientos y plazos previstos por la ley.
Sin embargo la ley todavía no fue reglamentada por el Ejecutivo Provincial, y hoy los municipios comienzan a tener serias dificultades para conseguir espacios adecuados que le permitan tener almacenados cientos de rodados, causando un problema ambiental al tener tantos vehículos almacenados con fluidos contaminantes, baterías, además de generar un costo fijo creciente al tener que disponer de personal las 24 horas para la custodia de esos bienes, que pertenecen a deudores del Estado municipal por no haber pagado las infracciones de tránsito.
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