La problemática de los asentamientos
Gualeguaychú vive desde hace por lo menos tres décadas una compleja situación social vinculada con la falta de viviendas, aún a pesar de los muchos planes que se han activado para acceder al derecho constitucional del techo propio.
La existencia de los asentamientos requiere de algo más que un programa de erradicación, porque es evidente que la “demanda” supera a la “oferta” en esta materia, y los distintos predios son ocupados por familias que luego reclaman por una vivienda.
Con un dato que es muy elocuente: no son asentamientos que nazcan en un par de horas; sino que son ocupaciones irregulares que se van poblando con el correr de los meses, lo que demuestra en principio la ausencia de funcionarios “mientras esa situación ocurre”.
Es más, cuando a mediados del año pasado veinte familias intentaron de golpe usurpar un terreno fiscal ubicado en Salaverry y San José y en esa oportunidad el Municipio recurrió a la Justicia, denuncia mediante, y se evitó un mal mayor. Hoy esas familias están esperando que se materialice el derecho a la vivienda, pero no han usurpado nuevos predios.
Esta realidad hiriente obligará al próximo intendente a establecer una política de corto, mediano y largo plazo, pero consensuada con todos los sectores de la sociedad para que se convierta en una política de Estado. Y esos lineamientos deben ser algo más que el acceso a programas de viviendas, porque se deberá privilegiar previamente una contención social de la que ninguna área municipal podrá ser ajena e incluso deberá ser monitoreada cotidianamente. Dicho esto sin descuidar en lo más mínimo a quienes están inscriptos en un listado y no ejercen actos irregulares para acceder a un derecho legítimo.
Si una autoridad pública no interviene en estas situaciones extremas, pecará de insensible. Y cuando intervenga tendrá que superar la interpretación de que se emite un mensaje que indica que hay que usurpar para acceder a la vivienda. Ni una cosa ni la otra, por eso se requiere de perspectivas y esfuerzos compartidos, dado que es evidente que ningún sector tiene la solución única e integral a esta problemática. Sin cooperación no se establecen lineamientos sustentables en el tiempo.
Por otro lado, el Estado provincial tiene una alta morosidad entre los beneficiarios del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv) y si bien se están haciendo recuperos de cuotas, es evidente que el sistema solidario por el momento no es potente por la falta de conciencia de los adjudicatarios que no están al día a pesar de que las cuotas son irrisorias comparados con un alquiler promedio.
Si hay una situación compleja es la del acceso a la vivienda. Gualeguaychú a pesar de haber sido una localidad que ha construido muchas viviendas, aún tiene déficit importante y dicho esto sabiendo que hay estrategias para un mejor acceso a la tierra.
Costó por lo menos cinco años de gestión lograr erradicar el asentamiento de Primero de Mayo y Montana. El barrio Molinari VIII, que fue por autoconstrucción, demoró casi siete años en terminarse. Estos dos ejemplos hablan a las claras de que se requiere de una política de Estado, gobierne quien gobierne. Caso contrario, las problemáticas serán recurrentes, pero también cada vez más angustiantes.
Con un dato que es muy elocuente: no son asentamientos que nazcan en un par de horas; sino que son ocupaciones irregulares que se van poblando con el correr de los meses, lo que demuestra en principio la ausencia de funcionarios “mientras esa situación ocurre”.
Es más, cuando a mediados del año pasado veinte familias intentaron de golpe usurpar un terreno fiscal ubicado en Salaverry y San José y en esa oportunidad el Municipio recurrió a la Justicia, denuncia mediante, y se evitó un mal mayor. Hoy esas familias están esperando que se materialice el derecho a la vivienda, pero no han usurpado nuevos predios.
Esta realidad hiriente obligará al próximo intendente a establecer una política de corto, mediano y largo plazo, pero consensuada con todos los sectores de la sociedad para que se convierta en una política de Estado. Y esos lineamientos deben ser algo más que el acceso a programas de viviendas, porque se deberá privilegiar previamente una contención social de la que ninguna área municipal podrá ser ajena e incluso deberá ser monitoreada cotidianamente. Dicho esto sin descuidar en lo más mínimo a quienes están inscriptos en un listado y no ejercen actos irregulares para acceder a un derecho legítimo.
Si una autoridad pública no interviene en estas situaciones extremas, pecará de insensible. Y cuando intervenga tendrá que superar la interpretación de que se emite un mensaje que indica que hay que usurpar para acceder a la vivienda. Ni una cosa ni la otra, por eso se requiere de perspectivas y esfuerzos compartidos, dado que es evidente que ningún sector tiene la solución única e integral a esta problemática. Sin cooperación no se establecen lineamientos sustentables en el tiempo.
Por otro lado, el Estado provincial tiene una alta morosidad entre los beneficiarios del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv) y si bien se están haciendo recuperos de cuotas, es evidente que el sistema solidario por el momento no es potente por la falta de conciencia de los adjudicatarios que no están al día a pesar de que las cuotas son irrisorias comparados con un alquiler promedio.
Si hay una situación compleja es la del acceso a la vivienda. Gualeguaychú a pesar de haber sido una localidad que ha construido muchas viviendas, aún tiene déficit importante y dicho esto sabiendo que hay estrategias para un mejor acceso a la tierra.
Costó por lo menos cinco años de gestión lograr erradicar el asentamiento de Primero de Mayo y Montana. El barrio Molinari VIII, que fue por autoconstrucción, demoró casi siete años en terminarse. Estos dos ejemplos hablan a las claras de que se requiere de una política de Estado, gobierne quien gobierne. Caso contrario, las problemáticas serán recurrentes, pero también cada vez más angustiantes.
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