Proyecto para reglamentar el uso de drones

La senadora nacional Cristina Fiore Viñuales presentó un proyecto para la regulación del uso de drones. La iniciativa   plantea la creación de un Registro Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados (ReNaVANT) que tiene entre sus funciones la obligación de llevar un detalle de los locales que realizan actos de comercio con este tipo de aeronaves, como así también de las matrículas de los VANT y de sus responsables.

A través de estas disposiciones también se procura conocer quién es el dueño, piloto u operador, de un VANT a fin de poder establecer responsabilidades ante eventuales daños.

La legisladora nacional señala que “en los últimos años nuestro país ha sido testigo de la masificación del uso de drones para trabajos en el agro, relevamientos catastrales, realización de producciones publicitarias o simplemente para divertimento. Su uso se ha masificado a tal nivel que es necesario atender los consiguientes riesgos a la seguridad aérea que ello conlleva”.

Para la senadora  “no se puede desconocer que un mal empleo de esta tecnología puede poner en riesgo la seguridad de los aeropuertos, de nuestras fronteras, vulnerar derechos tan sensibles como el de la intimidad o poner en juego la integridad física y hasta la propia vida de las personas”.

EL ARGENTINO informó que el  primer domingo de enero de este año se observó un dron en el cielo de la costanera, cerca de la medianoche. También se lo habría visto en el Acceso sur, en Pueblo General Belgrano e incluso, en Larroque.

Y consultó a la autoridad del aeródromo local, quien afirmó que habría que denunciar el uso del espacio aéreo, “porque los drones son de venta libre. El vendedor debería registrarlo. Pero no hay nada legislado, como en el caso de los ultralivianos”.

Y en cuanto a si se había pedido permiso al aeródromo para utilizar el espacio aéreo,  respondió que no había nada de eso.

 De prosperar la iniciativa de Fiore Viñuales,  la  autoridad de aplicación será la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a la que el proyecto de Ley asigna facultades reglamentarias que van desde la clasificación de los VANT, teniendo en cuenta particularmente su peso y ámbito de actuación, hasta la delimitación de los espacios en que los mismos pueden ser operables.