Una legislatura contraria al interés entrerriano

Fue hace cinco años, la legislatura provincial de entonces, prácticamente la misma que hoy tenemos, aprobó en tiempo récord una ley, Arroz del Delta Entrerriano SA, que regalaba amigos del poder un millón y medio de hectáreas de humedales de nuestra provincia, además de cincuenta millones de dólares garantizados por el Estado.
El Ejecutivo de entonces y su mesa chica idearon el proyecto, lo enviaron a los legisladores, y estos, en un gesto que califica mejor que mil adjetivos, lo aprobaron en tiempo récord.
El impúdico desfalco solo se explicaba por la voracidad sin límites de los que viven de apropiarse de los bienes públicos; lo inusitado fue la extrema velocidad de los cuerpos legislativos entrerrianos que aprobaron a libro cerrado lo que hubiera sido probablemente la mayor estafa de la historia de nuestro país a los tesoros públicos.
Nuestra Fundación fue una de las primeras en denunciar la maniobra, tan burda que al otro día de sancionada fue derogada, por el escándalo nacional que se vislumbraba.
Los legisladores quedaron expuestos en su complicidad con los intereses que pretenden robar al Estado y los ciudadanos que deberían defender.
Hoy la historia se repite: esta vez los grupos facciosos que vienen por los tesoros provinciales son las industrias foresto-celulósicas extranjeras que se han apropiado en la región de un territorio equivalente a una provincia pequeña.
Entre Misiones, Corrientes, nuestro vecino Uruguay y en forma incipiente en Entre Ríos, poseen casi dos millones de hectáreas. Pero son insaciables, todo les es poco y vienen por las tierras más cercanas a sus plantas procesadoras: la parte entrerriana de lo que se conoce como la Franja Arenosa del Río Uruguay.
El Poder Ejecutivo de la Nacionales ha allanado el camino, derogó por decreto la ley que impedía a los extranjeros comprar tierras en zonas de frontera, una vez quitado ese impedimento legal dio la orden al gobernador de nuestra provincia que haga lo propio con la Ley de la Madera que no permite que salga de la provincia ni un solo tronco sin valor agregado.
El Gobernador, sumiso, lo ordenó al Congreso, y éste, operando con lo que podría llegar a ser la peor legislatura de nuestra historia, comenzó a maquinar la derogación de la Ley 9.759.-
Nuevamente la sociedad civil se escandaliza con una iniciativa que provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de cientos de aserraderos como ya ocurrió en Paysandú hace pocos años, hechos que cualquiera puede consultar en la prensa uruguaya de entonces, a través de internet.
Y lo que es tan o más grave aún, la expulsión de pobladores de las zonas rurales que pasarían a manos de estos capitales inmisericordes, como ocurrió en Corrientes, donde las ciudades próximas a estos nuevos latifundios, conocidos como ‘desiertos verdes’ recibieron los desplazados, transformándose en conglomerados de miseria y prostitución infantil, tal lo ha denunciado reiteradamente la hermana Marta Pelloni.
Los argumentos que usan los promotores son insostenibles y FUNDAVIDA los ha denunciado y rebatido públicamente en reiteradas oportunidades; para no abundar nos detendremos en uno: el presidente del Senado, Ángel Giano, afirma que…”total, que importa autorizarlos a exportar rollizos si de cualquier manera los llevan en la actualidad a través de otras provincias” (SIC). No sabemos si miente por ignorancia o por otra razón, porque no existe registro de ninguna salida de troncos de Entre Ríos, por ninguna vía, en ninguna aduana ni paso fronterizo de nuestro país. Y si Giano tuviese el dato y no lo denuncia estaría cometiendo un delito penal.
Pero la última palabra la tienen nuestros legisladores, que de aprobar la derogación de la Ley de la Madera, nuevamente estarían cometiendo un daño irreparable al interés de los entrerrianos.