.
Sindicatos se presentaron en la justicia declarar inconstitucional la Ley de Emergencia
El frente gremial de Entre Ríos se presentó en la justicia para que se declare inconstitucional la Ley "de emergencia solidaria”. Los sindicatos esperan que se congele la aplicación de la norma, para frenar la pérdida del 82 por ciento móvil y obligar al Ejecutivo a retomar la discusión salarial, confirmó AIM.
Los gremios recurrieron a la Justicia para frenar la Ley 10806, que declaró “el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en Entre Ríos”. La iniciativa es cuestionada por los sindicatos que la calificaron como un brutal ajuste sobre los trabajadores, ya que la Ley implica congelamiento de salarios ante un escenario inflacionario y que el 64, 5 de los recursos serán aportados por los trabajadores jubilados y activos (al modificarse el 82 por ciento móvil y aumentar las cargas sobre salarios); el 15.7 por bancos y financieras; y el 7.1 propietarios de más de 1000 hectáreas.
El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, afirmó: “Atravesamos una situación difícil, no solo por la pandemia y cuarentena sino también porque hay una Ley de emergencia que fue aprobada por la Legislatura de la provincia y promulgada el 8 de julio que es inaceptable para los trabajadores”.
En ese marco, el docente confirmó que el frente gremial (constituido por Agmer, ATE, Amet y Uda) se presentó en el juzgado de familia donde ingresaron un planteo de inconstitucionalidad de la Ley llamada por el gobierno de “Emergencia solidaria”.
Al respecto, Pagani detalló que consideran que se violan las Constituciones Nacional y Provincial y normativas vigentes, por lo que buscan que la Ley sea declarada inconstitucional y se suspenda la aplicación: “Aspiramos a que la cautelar pueda tener un fallo favorable, que nos permita suspender (hasta que se discuta la cuestión de fondo) la aplicación de la Ley 10860”.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, lamentó la sanción de la norma e indicó: “Preocupa el momento y la forma en que se sancionó, porque no nos podemos movilizar y estar en la calle”.
“No nos gusta ir a la justicia a plantear estas acciones”, subrayó Muntes ante la judicialización de la medida, pero indicó que la estrategia es un paso más en el plan de acción que se definió para frenar el ajuste.
En ese sentido, el dirigente de ATE remarcó que los trabajadores no son los responsables de la situación de la provincia “para que se haga este brutal ajuste a los jubilados y activos”, e indicó que había otras soluciones que se le presentaron al gobernador Bordet como “el impuesto a las grandes fortunas, para buscar equilibrio y equidad”.
Al respecto, rememoró que los gremios presentaron un proyecto al Ejecutivo “que atacaba a los sectores concentrados y, lamentablemente, no fue tenido en cuenta. Resolvieron el camino más corto, es decir, el gobernador de la provincia eligió seguir ajustando a los trabajadores y trabajadoras”.
Ante ese escenario, Muntes no descartó volver a la calle para exigir la derogación de la Ley provincial: “Ya nos movilizamos y los pasos a seguir los definiremos en conjunto todos los sectores. Entendiendo que es la calle la herramienta que tenemos para defender nuestros derechos y conquistas”.
“Nuestro destino siempre ha sido la calle, la movilización. No vamos a dejar la calle y, seguramente, habrá una postpandemia donde discutiremos el Estado que queremos y definiremos las medidas y acciones porque al llamado de paritarias nos contestaron con una Ley de emergencia”, aseguró.