Megajuicio a Urribarri: el mapa de la audiencia  que comienza hoy y un antecedente singular

Desde Tel Aviv, una ciudad de la costa mediterránea -a donde fue destinado para las relaciones institucionales entre el gobierno argentino e israelita-, Urribarri será parte del debate en el cual se ventilarán varias causas por corrupción durante sus mandatos.

Los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull llevarán adelante la acusación en cinco legajos acumulados. La organización del evento contempla la presencia de los tres jueces -José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón-, un secretario y un asistente, además de otros 14 imputados y 10 abogados defensores, un policía y un testigo. El máximo total de personas autorizadas para estar en el salón es de 35, según el aforo del 70 por ciento en el lugar, recomendado por el área de Salud Ocupacional del Poder Judicial de Entre Ríos. 

Justamente esa cuestión, las disposiciones sanitarias, fue largamente discutida por las partes que componen el juicio, que ya fue suspendido en cuatro oportunidades. Los abogados defensores hicieron planteos sobre la afectación del derecho de defensa en juicio, si el debate se realiza con los protocolos sanitarios recomendados, pero el tribunal rechazó las pretensiones de nueva suspensión la semana pasada. Pidieron ir a Casación con el reclamo pero esa decisión no de dio a conocer todavía. Al mismo tiempo, se dispusieron medidas de cuidado sanitario estricto como el uso obligatorio de barbijo, al cual deberá sumar una máscara plástica cada persona que pretenda moverse de su asiento. Además, se ordenó la manipulación de documentación con guantes, y la sanitización del lugar cada tres horas.

Desde este lunes hasta el martes 12 de octubre, está previsto que sólo se desarrollen cuestiones preliminares antes del desfile de testigos. Es decir, se dispuso exactamente una semana para desarrollar alegatos de apertura; la identificación de los imputados -que contempla el tiempo para que cada uno amplíe su declaración indagatoria si quiere-; y la realización de planteos previos. El juicio se desarrollará los lunes, martes y jueves, de 9 a 13, y por el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos pasarán, según lo previsto, unos 140 testigos.     

 

En el listado de defensores están:

 

Andrés Ignacio Bacigalupo que representará a Emilio Oscar Giacopuzzi;

Juan Antonio Méndez a cargo de la defensa de Gustavo Tamay y Corina Cargnel;

Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez  que ejercen la defensa de Urribarri;

Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defienden a Pedro Báez; José Velázquez y Pedro Fontanetto que defineden a Germán Buffa; Miguel Cullen a Alejandro Almada, Maximiliano Sena; Emilio Fouces, defensor de Hugo Marsó, Gerardo Caruso y Hugo Montañana. 

¿Qué se juzgará?

 

De acá a unos dos meses se ventilarán cinco legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal (MPF). Tres que conforman la denominada investigación por el “Sueño entrerriano” y que tienen una hipótesis principal según la acusación, que Urribarri habría sustraído fondos públicos para financiar su fallida campaña presidencial para las elecciones de 2015. Esa causa tiene tres legajos acumulados: el que investigó la publicación de una solicitada contra los Fondos Buitres; la instalación de un parador playero en Mar del Plata, y la investigación por la contratación de spots publicitarios para la Cumbre del Mercosur realizada en 2014 en Paraná. Al "Sueño entrerriano" se acumuló también la investigación por la reiterada contratación de la imprenta de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, por parte del Gobierno de Entre Ríos. Se trata de la investigación conocida como “Causa de la vaca”. Y por último se acumuló el legajo que investigó la contratación de la empresa Global Menas para publicidad institucional.

Los fiscales entienden que durante las dos gestiones de Urribarri se desvió dinero público para financiar intereses personales. Achacan delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; Peculado; y Defraudación a la Administración Pública.

 

Antecedente

 

En una de las causas acumuladas, la conocida como “causa de la vaca”, uno de los imputados reconoció en un juicio abreviado haber sido beneficiado con contratos del Estado para hacer publicidad. Se trata del publicista José María Bustamante que en 2018 fue sentenciado a dos años y ocho meses de prisión condicional por el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública.

Bustamante confesó en su momento que era parte de un esquema que tenía como protagonista principal a Juan Pablo Aguilera, por el cual se direccionaban las contrataciones de publicidad en la vía pública a las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Aguilera.

En el acuerdo de juico abreviado que se realizó ante el juez Ricardo Bonazzola, el fiscal Badano dijo: “Había una comunicación fluida entre Cargnel y Bustamente. Ella se comunicaba con los empleados del Ministerio de Cultura y Comunicación, transmitía la información a Bustamante, le hacía llegar las órdenes de publicidad y le solicitaba las fotografías para presentar como certificaciones que luego reenviaba al Ministerio”.

El fiscal manifestó en su momento la existencia de “un sistema de compensaciones que consistía en que TEP y Next emitían una factura a Bustamante por una prestación ficticia para justificar la transferencia de dinero”. “La ganancia de Bustamante consistía en que tenía garantizadas las contrataciones y se llevaba una ganancia, que era menor, pero era una ganancia al fin”. Fuente: (Análisis Digital)