Condenado a prisión efectiva por el delito de comercio de estupefacientes

La condena no se encuentra firme (el miércoles fue el anticipo de veredicto y restan conocer los fundamentos; cuando éstos se conozcan comenzará a correr el plazo de 10 días hábiles para la interposición de eventual recurso de Casación).

En este proceso intervino el fiscal coordinador Lisandro Lisandro Béhèran (en el debate) y la fiscala Martina Cedrés (en la Investigación Penal Preparatoria -IPP); mientras que la defensa particular fue ejercida por la Amelia Angerosa; y el juez fue el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Arturo Exequiel Dumón.

En cuanto a los hechos, se supo que B.L. practicaba actos de venta de estupefacientes fraccionados, específicamente, clorhidrato de cocaína y marihuana (Cannabis sativa), al menudeo; es decir, a manos de los consumidores en la vía pública.

La actividad ilícita se desarrollaba principalmente en el estacionamiento lindero a la Escuela N° 114 “Justo José de Urquiza”, ubicado sobre calles Bomberos Voluntarios, entre 3 de Caballería y Gervasio Méndez, del Barrio 140 Viviendas.

Los actos ilícitos se realizaron al menos durante un período de tiempo constatado entre el 16 de febrero de 2021 y la fecha de las medidas de registro dispuestas en la causa (el 30 de julio de 2021). Asimismo, a las 14:30 del 30 de julio del año pasado, cuando se iniciaron los procedimientos de registro, se le encontró en el bolsillo izquierdo de su pantalón un frasco de vidrio que en su interior contenía marihuana (Cannabis sativa), siendo picadura suelta y 13 envoltorios denominados “cebollines”, además de recortes de nylon anudados en su parte superior de marihuana, arrojando un pesaje de 17,9 gramos. Mientras que en el bolsillo derecho del pantalón tenía una billetera con documentación y la suma de 14.250 pesos, más un envoltorio de color verde anudado en su parte superior que en su interior contenía clorhidrato de cocaína, que no arrojó pesaje.

En su momento se ordenó el decomiso del material estupefaciente secuestrado y su destrucción de conformidad con lo establecido por las Leyes 23.737 (nacional) y 10.566 (provincial), así como el decomiso del dinero secuestrado, el cual se destinará a las instituciones a las que alude el Artículo 4º de la Ley 10.566 (el 40 por ciento al ministerio de Salud de la Provincia; el 40 por ciento a la Policía de Entre Ríos; y el 20 por ciento restante al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia -COPNAF).