Contrabando: confirman el procesamiento decretado por el Juez Federal Hernán Viri

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por los doctores Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, confirmó el procesamiento decretado por el juez Federal de Gualeguaychú, doctor Hernán Viri, de los tres hombres y una mujer imputados por el delito de “Contrabando de exportación triplemente calificado por el número de personas, por tratarse de elementos que pudieran afectar la salud pública y por el valor de la mercadería”.

 

Para el magistrado, tanto Leonardo C. como jefe,  Maricel S. con la ‘responsabilidad’ de manejar el dinero,  Sergio C., encargado de pescar y contrabandear los peces, y Walter C. como quien   transportaba el contrabando de cajas con botellas de fernet hacia la República Oriental, integraban una banda que tenía  como sede a Gualeguaychú y que desde 2019 hasta marzo de este año llevaba adelante  las actividades ilegales mencionadas.

Las maniobras al margen de la ley  venían siendo investigadas desde noviembre del 2019 por la Justicia federal, pero fue a partir de la asunción del juez Viri al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú que este magistrado autorizó a la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura local a iniciar la pesquisa, incluyendo interceptaciones a las líneas telefónicas de los sospechosos.

La investigación se desarrolló positivamente, al punto que se lograron reunir evidencias suficientes  como para confirmar totalmente las actividades ilícitas y establecer el rol que cada uno de los sospechados venía cumpliendo dentro de la organización marginal. Así fue que el juez Viri dispuso varios allanamientos donde se encontraron elementos de interés para la causa.

Allí mismo se procedió a la detención de las cuatro personas y a su posterior procesamiento con prisión preventiva.

 

 

La operatoria ilegal

 

 

Según publica Diario Uno en un informe, el juez Viri responsabilizó a Leonardo C. de ser el encargado de la pesca, posterior entrega de los pescados en la República Oriental y percibir el pago en dólares. Las escuchas habrían demostrado la forma  de operar que tenía la banda, que tomaba recaudos extremos como  para no ser descubiertos por la Prefectura.

Se detectó, también,  una conversación de Leonardo C. con otra persona, donde el imputado mencionaba que de forma ilegal vendería semanalmente unos 16.000 kilos. La pesquisa habría determinado que vendían a unos 400 dólares la tonelada. La ganancia sería de unos 6.400 dólares semanales y 25.600 al mes, estimativamente.

Al confirmar lo resuelto por el juez Fderal de Gualeguaychú, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones paranaense valoraron el testimonio de Silvio Marcelo Arenas,   inspector de la Dirección General de Fiscalización de Entre Ríos (dependiente del Ministerio de Producción y Turismo), quien manifestó  que una de sus tareas es controlar la aplicación de la Ley de Pesca (extracción, comercialización y los días en que se practica esta actividad), y que por ello conoce a Leonardo C., ya que figuraba en los registros como acopiador.

Sostuvo Arenas que esta inscripción “le permitiría acopiar determinada cantidad de kilos de pescado para luego ser entregado a los frigoríficos de la provincia de Entre Ríos”, pero  ello  no lo autorizaba a vender o exportar pescado a otro país, “ya que ello solo lo pueden hacer ciertos frigoríficos autorizados a tal fin, inscriptos en el SENASA”.

Así se habría demostrado que los acusados actuaban al margen de las reglamentaciones vigentes, con el objetivo que había quedado plasmado en las escuchas autorizadas por la Justicia.

En los testimonios valorados por los integrantes del Tribunal de alzada, se citan  también   la declaración testimonial del coordinador Regional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Dirección Regional Entre Ríos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Néstor José Micheloud. El funcionario sostuvo que en cuanto a la exportación de pescado de río (sábalo) intervienen cuatro organismos (Dirección de Recursos Naturales de la provincia, Senasa, la Subsecretaría de Pesca dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y la Aduana). Y que su rol era fiscalizar la mercadería a exportar. “Esta documentación acompaña los alimentos hasta el destino final, ya sea mercado interno o mercado externo”, concluyó Micheloud.

De tal forma quedó demostrado que no era  valedero el argumento de que las actividades de las cuatro personas imputadas estaba dentro de lo lícito, tal como buscaron explicar los defensores en su presentación elevada y en la que también solicitaban la excarcelación de sus defendidos.

De ahí la afirmación en contrario de los camaristas que sostuvieron  que “debe considerarse en el presente que la magnitud de la mercadería que presuntamente era exportada al Uruguay y la forma estratégica del transporte, da cuenta de que existe un cierto grado organizacional que supone la probable intervención de otros sujetos” por lo que apoyaron totalmente lo dispuesto por Viri y fundamentaron  los riesgos de la investigación en caso de que los acusados no estén en la cárcel, abriendo también las puertas para que se poduzcan nuevas detenciones e imputaciones.

En todo caso, es notorio que, siguiendo los pasos habituales de la Justicia, la inminencia del comienzo del juicio a los, hasta ahora, cuatro  acusados está dada.