No hubo acuerdo entre los cancilleres y Botnia marca los tiempos a los Estados

El colonialismo siglo XXI tiene los mismos rasgos de sumisión que los de siglo anteriores: los gobiernos sin poder de decisión, sólo tienen un rol activo cuando se los requiere como fuerza represiva para acallar las voces de los ciudadanos que se oponen a las iniciativas extractivas. Con un agravante: Argentina y Uruguay -a través de la labor parlamentaria- han puesto a la República de rodilla; dado que en ambos países está vigente las leyes de protección a las inversiones de Finlandia, cuyo último artículo reza textualmente: “En caso de divergencias, prevalece el texto en inglés”. Este grado de sumisión que han tenido los parlamentarios, con el acuerdo de los Poderes Ejecutivos, refleja que se está ante un cipayismo que orada el espíritu del Bicentenario por la Revolución de Mayo.

La reunión entre los dos cancilleres se realizó “con total reserva”, signo de que no se pusieron de acuerdo y que Botnia sigue marcando los tiempos a los Estados.

El encuentro se desarrolló en el Palacio San Martín de Buenos Aires, y comenzó a las 10, según dijeron fuentes de la diplomacia argentina. Ahora se volverán a reunir presumiblemente mañana, dado que hay premura por cerrar un acuerdo que sea “creíble” y “posible” para un control efectivo y contundente a la pastera.

Previo a la reunión, el propio Timerman consideró que la solución al conflicto binacional “pasa por darle a la ciencia el rol protagónico en el control” y agregó que ese monitoreo debería ser “sin limitaciones”.

Sin embargo, su par uruguayo tiene precisas instrucciones de no dejar ingresar a la planta para realizar el monitoreo y que el mismo sólo se limite a analizar los vertidos de la pastera pero en el río Uruguay. La otra divergencia, es que los uruguayos bajo ningún aspecto aceptan por el momento que asambleístas o delegados designados por la Asamblea sean parte del control ambiental.

Ante una pregunta precisa formulada al canciller Almagro por la prensa uruguaya vinculada con “la pretensión de los asambleístas de tener una activa participación en ese control”, la respuesta fue: “Eso no era algo que aparecía en las propuestas argentinas, nosotros tenemos que ver cómo es el planteo que recibimos ahora, en función en lo que respondimos a su vez”, dijo Almagro.

No obstante el fracaso de la reunión de ayer, por el momento no se puede descartar que en la cumbre del Mercosur de principios de agosto los presidentes Cristina Fernández y José Mujica firmen un acuerdo, y ello implica nuevas reuniones previas entre Timerman y Almagro.

Argentina plantea que el acuerdo incluya un capítulo especial referido al control ambiental de la planta de UPM, en tanto que para Uruguay no hay un marco para ello y el control de UPM debe ser parte del monitoreo de los emprendimientos industriales en ambas orillas.

La cumbre de presidentes del Mercosur -que se realizará en San Juan el 2 y 3 de agosto- es el ámbito límite acordado en la reunión de Anchorena por ambos presidentes.

Desde Uruguay la postura es que corresponde analizar el vertido que la ex Botnia realiza al río Uruguay, pero no inspeccionar la planta por dentro, aspecto que podría destrabarse si Argentina acepta realizar estudios similares de todas aquellas fábricas que tiran sus vertederos en las aguas del río Uruguay.

Timerman no pudo avanzar en la propuesta de un plan de vigilancia para Botnia, conforme a lo establecido en la sentencia de La Haya, que comprende un monitoreo conjunto continuo de la planta y de sus efectos sobre el río Uruguay, y tampoco se avanzó en la propuesta de un plan de control y prevención de la contaminación del río en el tramo compartido entre ambos países, a pesar de que se tratan de puntos acordados y firmados por ambos Presidentes y que fuera emitido en la Declaración Conjunta Presidencial de Anchorena.

El otro signo inequívoco de que el monitoreo a la planta transita por carriles no claros, es que el Uruguay todavía sigue “cajoneando” los exhortos de la Justicia Federal de Concepción del Uruguay en la causa donde los directivos de la planta están denunciados penalmente por el delito de contaminación. ¿Se puede monitorear una planta y por otro lado que el propio gobierno impida que los directivos declaren ante la Justicia por un delito ambiental? La respuesta suena infantil, absurda y es una burla a la ciudadanía que hace siete años viene pidiendo el desmantelamiento o traslado de la planta de celulosa.

En esta línea de argumentación, hace poco los asambleístas concurrieron al parlamento argentino para exponer sus argumentos sobre este conflicto; pero a ningún legislador se le ocurrió revisar la ley que protege las inversiones de Botnia y cuyo articulado dice sin anestesia: “En caso de divergencia prevalecerá el texto en inglés”.

Así las cosas, el fracaso de la reunión de ayer, que no se haya avanzado en el monitoreo integral y que todo siga como lo ha planificado Botnia, es una cabal muestra de que Gualeguaychú está más sola que antes de bajarse de Arroyo Verde.