Monitoreo: ¿Otro hecho consumado de Botnia?
Los gobiernos de la Argentina y Uruguay se volvieron a burlar de los ciudadanos a los que dicen representar. Tras el acuerdo de José Mujica y Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman salió a twittear de que se ponía fin a más de siete años de conflicto por la instalación y el funcionamiento de Botnia en el río Uruguay.
El funcionario del Ejecutivo se entusiasmaba con el acuerdo para el monitoreo conjunto de Botnia y de todo el río Uruguay, en la franja compartida entre los dos países. Con la primera lectura del documento rubricado por Cristina y “El Pepe”, los ciudadanos de Gualeguaychú advirtieron que el proclamado control estaba bastante alejado de su voluntad que se erija un verdadero plan de vigilancia a una empresa de la que ya se constató su ilegalidad.
Es más, en la última Asamblea Ciudadana en el club Frigorífico, no pocas fueron las voces que apuntaron a que el plan de vigilancia ni siquiera sigue el mandato de la Corte con sede en La Haya.
En estas líneas, no vamos a cuestionar la utopía que persigue el documento bilateral, cuando propone una verdadera “revolución ecológica”, dado que no solo aspira al monitoreo de la ilegal Botnia, sino a la totalidad de los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay. Es que nadie puede renunciar a que alguna vez se logre poner límites a los efluentes contaminantes de los emprendimientos fabriles y así se logre sanear la cuenca. Pero si hay que dejar en claro que no deja de ser utópico, ya que apuesta a controlar todos los establecimientos, y si por algo se han destacado los gobiernos latinoamericanos a lo largo de su historia, es por la ausencia o la negligencia en los controles de la administración.
Al proseguir analizando el texto del acuerdo se puede leer: “El número máximo de ingresos de control del Comité Científico en cada establecimiento a monitorear será de hasta 12 (doce) veces por año”. Se esperaba, tal el mandato de La Haya en su párrafo 281, que el ingreso de los científicos a la planta sea irrestricto. Llevándolo a un ámbito más cotidiano, adelantar que se va a ingresar un máximo de 12 veces es como avisar al los evasores impositivos de cuantos controles al año se realizarán.
Otro punto polémico es que cuando se trate del monitoreo en territorio uruguayo, lo que incluye a Botnia, las acciones estarán a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) uruguaya, y la CARU –máxima autoridad de la cuenca- irá como acompañante, es decir que quedaría subordinado a la decisión de los técnicos del otro lado del charco. ¿Es necesario destacar la contradicción que el principal organismo de contralor de Botnia sea el mismo que elaboró los parámetros ambientales del Uruguay a la medida de la colonialista Botnia?
Ahora bien, cuando se trate de controles en territorio argentino, las acciones serán dirigidas por la autoridad argentina de aplicación. Lo que el documento no deja en claro, al menos el que difundieron los cancilleres, es qué parámetros se tendrán en cuenta cuando se tomen muestras del río compartido: ¿serán las de la DINAMA, las de la CARU o las de nuestro país?
Por otra parte, teniendo en cuenta el malestar de las poblaciones ribereñas ante el extenso conflicto por Botnia, hubiese sido lógico que la vigilancia a la planta sea autónoma e independiente de los demás controles en el río Uruguay. Con ello se evitará que si alguno de los dos países constata contaminación en alguna fábrica de la hermana nación, esto pueda ser usado como moneda de cambio para dar luz verde a otro emprendimiento en falta dentro del propio territorio. Esta suspicacia surge de las mismas palabras de Mujica quien, en medio de las arduas negociaciones, admitió que en caso de hallar parámetros anormales en una fábrica de este lado del río, él no exigiría su clausura.
La extorsión está a la orden del día entre dos gobiernos que, por más que lo nieguen, siguen al servicio de las multinacionales. Si Kirchner, Mujica, Chávez, Lula Da Silva y compañía constituyen un nuevo paradigma en defensa al más débil, entonces, el gobierno uruguayo debió acercar un gesto de grandeza y anunciar el desmantelamiento de la pastera. Pero como la decisión política nunca llegó, la administración Kirchner debió sentarse a negociar pero con otra actitud más rígida, cosa que tampoco sucedió.
Si se permite este estado de cosas, el “revolucionario” monitoreo corre peligro de cumplir una función totalmente contraria para la que fue diseñado. Es decir, que si Botnia supera los presuntos controles de las naciones, entonces, no solo seguirá funcionando sino que lo hará con la legitimidad que otorgan un monitoreo binacional. Por suerte, muy lejos de otorgar licencia social al monitoreo y a la pastera está la ciudadanía, que ha dado una tregua y todavía confía en salir de una vez por todas de un conflicto que no puede ser eterno.
Es más, en la última Asamblea Ciudadana en el club Frigorífico, no pocas fueron las voces que apuntaron a que el plan de vigilancia ni siquiera sigue el mandato de la Corte con sede en La Haya.
En estas líneas, no vamos a cuestionar la utopía que persigue el documento bilateral, cuando propone una verdadera “revolución ecológica”, dado que no solo aspira al monitoreo de la ilegal Botnia, sino a la totalidad de los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay. Es que nadie puede renunciar a que alguna vez se logre poner límites a los efluentes contaminantes de los emprendimientos fabriles y así se logre sanear la cuenca. Pero si hay que dejar en claro que no deja de ser utópico, ya que apuesta a controlar todos los establecimientos, y si por algo se han destacado los gobiernos latinoamericanos a lo largo de su historia, es por la ausencia o la negligencia en los controles de la administración.
Al proseguir analizando el texto del acuerdo se puede leer: “El número máximo de ingresos de control del Comité Científico en cada establecimiento a monitorear será de hasta 12 (doce) veces por año”. Se esperaba, tal el mandato de La Haya en su párrafo 281, que el ingreso de los científicos a la planta sea irrestricto. Llevándolo a un ámbito más cotidiano, adelantar que se va a ingresar un máximo de 12 veces es como avisar al los evasores impositivos de cuantos controles al año se realizarán.
Otro punto polémico es que cuando se trate del monitoreo en territorio uruguayo, lo que incluye a Botnia, las acciones estarán a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) uruguaya, y la CARU –máxima autoridad de la cuenca- irá como acompañante, es decir que quedaría subordinado a la decisión de los técnicos del otro lado del charco. ¿Es necesario destacar la contradicción que el principal organismo de contralor de Botnia sea el mismo que elaboró los parámetros ambientales del Uruguay a la medida de la colonialista Botnia?
Ahora bien, cuando se trate de controles en territorio argentino, las acciones serán dirigidas por la autoridad argentina de aplicación. Lo que el documento no deja en claro, al menos el que difundieron los cancilleres, es qué parámetros se tendrán en cuenta cuando se tomen muestras del río compartido: ¿serán las de la DINAMA, las de la CARU o las de nuestro país?
Por otra parte, teniendo en cuenta el malestar de las poblaciones ribereñas ante el extenso conflicto por Botnia, hubiese sido lógico que la vigilancia a la planta sea autónoma e independiente de los demás controles en el río Uruguay. Con ello se evitará que si alguno de los dos países constata contaminación en alguna fábrica de la hermana nación, esto pueda ser usado como moneda de cambio para dar luz verde a otro emprendimiento en falta dentro del propio territorio. Esta suspicacia surge de las mismas palabras de Mujica quien, en medio de las arduas negociaciones, admitió que en caso de hallar parámetros anormales en una fábrica de este lado del río, él no exigiría su clausura.
La extorsión está a la orden del día entre dos gobiernos que, por más que lo nieguen, siguen al servicio de las multinacionales. Si Kirchner, Mujica, Chávez, Lula Da Silva y compañía constituyen un nuevo paradigma en defensa al más débil, entonces, el gobierno uruguayo debió acercar un gesto de grandeza y anunciar el desmantelamiento de la pastera. Pero como la decisión política nunca llegó, la administración Kirchner debió sentarse a negociar pero con otra actitud más rígida, cosa que tampoco sucedió.
Si se permite este estado de cosas, el “revolucionario” monitoreo corre peligro de cumplir una función totalmente contraria para la que fue diseñado. Es decir, que si Botnia supera los presuntos controles de las naciones, entonces, no solo seguirá funcionando sino que lo hará con la legitimidad que otorgan un monitoreo binacional. Por suerte, muy lejos de otorgar licencia social al monitoreo y a la pastera está la ciudadanía, que ha dado una tregua y todavía confía en salir de una vez por todas de un conflicto que no puede ser eterno.
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