Con mala fe
Uruguay modifica la normativa vigente para que UPM siga contaminando
Una vez más, el gobierno uruguayo modifica la normativa vigente para que los vertidos de la pastera UPM (ex Botnia) sigan contaminando. Pero eso no es todo, obra de mala fe, porque –por ejemplo- a 48 horas de que el Comité Científico ingrese a la planta para medir la temperatura del agua, modificó en silencio sus propias leyes elevando de 30° a 37° grados el vertido, sin medir las consecuencias ambientales que ello puede producir.
La decisión está contenida en la Resolución N° 370/2011 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), a la que accedió EL ARGENTINO.
La cancillería argentina había elevado su queja porque la planta de Botnia diluye sus efluentes industriales en aguas del río Uruguay, una práctica desaconsejada en el mundo entero. La República Oriental del Uruguay reconoció esta situación –mediante esa misma resolución- y le otorga a Botnia un plazo de 45 días para que remueva “la bomba de inyección de agua bruta en el ducto del emisario, inmediatamente antes de la salida de la planta industrial, y el cierre mediante válvula de la tubería que quedaría libre hacia dicha bomba”.
¿Por qué dejan intacto el sistema de dilución si está prohibido? Nadie lo puede responder, pero todos sospechan que una vez que las inspecciones se vayan del predio, en pocas horas están en condiciones de volver a diluir los efluentes industriales con agua del río Uruguay. Mala fe, no hay otra forma de circunscribir esa acción.
Otra mala fe –mucho más grave- es que en esa misma resolución y a renglón seguido, sostiene “que la Dirección Nacional de Medio Ambiente informa que como consecuencia de esa modificación, es necesario revisar las condiciones de vertido de la temperatura de la descarga, como parámetro de calidad del efluente que se verá afectado por el cambio”. Y en consecuencia, fija “en 37º C (Celsius) la temperatura máxima de vertido del efluente líquido industrial de dicha planta”. De esa forma, elevó de 30º a 37º el vertido, lo que demuestra que el proyecto de Botnia (desde sus cimientos hasta la actualidad) es incompatible con las buenas prácticas ambientales y la firma finlandesa desde un primer momento le ha mentido a los ciudadanos de la región y al mundo entero.
Para ello, modificó el Artículo 11° del Decreto 253/1979 (norma de prevención de la contaminación ambiental mediante el control de las aguas), donde se establece que la temperatura máxima de vertido “no podrá ser superior a los 30º y no podrá elevar la temperatura del cuerpo receptor más de 2º C”.
¿Por qué Botnia diluía sus efluentes con aguas del río Uruguay? La respuesta es sencilla: porque nunca pudo cumplir con el vertido máximo de 30º C.
Cuando Argentina denunció esta situación, Uruguay lejos de sancionar a la empresa la premia diciéndole que no vierta más sus efluentes tal como lo venía haciendo, pero que ahora puede hacerlo siete grados más que lo permitido originalmente. Esto es directamente una tomadura de pelo a los ciudadanos de la región, que desde un principio vienen denunciando el carácter contaminante de la planta Orión (ex Botnia, hoy UPM) y que su diseño es incompatible con el desarrollo sustentable.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya recomendó a ambos Estados “actuar de buena fe”. Pero, lejos de aceptar esa recomendación, el Uruguay cambió la normativa de 1979, 48 horas antes de que los científicos y la CARU ingresen a la planta de Botnia e incluso sin que medie pedido alguno para esa modificación. Otra vez la unilateralidad y los hechos consumados. Otra vez el gobierno uruguayo provoca a la ciudadanía. Otra vez, la República se presenta arrodillada ante este emprendimiento de neto corte colonialista.
Otro acto de mala fe
La mala fe del gobierno uruguayo tiene demasiados antecedentes a lo largo de este conflicto.
De acuerdo a la estimación del Comité Científico (de ambos países) en el primer año del monitoreo se necesitará un millón de dólares para afrontar los gastos, incluido los dos laboratorios canadienses que actuarán hasta tanto se designen los definitivos.
Ese millón de dólares debería ser compartido por partes iguales, del siguiente modo: cada país se comprometió a aportar 300 mil dólares más los 200 mil dólares que anualmente cada uno viene aportando para la CARU. Argentina no sólo que ya depositó (hace tiempo) sus 300 mil dólares sino que también ya depositó los 200 mil dólares anuales que le corresponden. ¿Y Uruguay? Todavía no aportó un solo peso.
El dato
Uruguay autorizó a la Planta Orion (UPM, ex Botnia) a verter sus efluentes pasando de 30º a 37º. Lo hizo a las pocas horas de que el Comité Científico ingresara a la planta a medir. Fue un acto de mala fe.
Sin embargo, en Entre Ríos la normativa vigente autoriza a verter los efluentes al río a 45º. Este dato no es menor, porque habla del atraso que tiene la provincia en materia ambiental. De todos modos, lo grave del caso uruguayo es, como se insiste, su mala fe. A propósito, cuando el gobierno uruguayo hizo este anuncio argumentó que fue en base a un acuerdo con el Gobierno argentino. En las próximas horas debería existir un fuerte comunicado al más alto nivel de cancillería desmintiendo o confirmando esa aseveración.
La cancillería argentina había elevado su queja porque la planta de Botnia diluye sus efluentes industriales en aguas del río Uruguay, una práctica desaconsejada en el mundo entero. La República Oriental del Uruguay reconoció esta situación –mediante esa misma resolución- y le otorga a Botnia un plazo de 45 días para que remueva “la bomba de inyección de agua bruta en el ducto del emisario, inmediatamente antes de la salida de la planta industrial, y el cierre mediante válvula de la tubería que quedaría libre hacia dicha bomba”.
¿Por qué dejan intacto el sistema de dilución si está prohibido? Nadie lo puede responder, pero todos sospechan que una vez que las inspecciones se vayan del predio, en pocas horas están en condiciones de volver a diluir los efluentes industriales con agua del río Uruguay. Mala fe, no hay otra forma de circunscribir esa acción.
Otra mala fe –mucho más grave- es que en esa misma resolución y a renglón seguido, sostiene “que la Dirección Nacional de Medio Ambiente informa que como consecuencia de esa modificación, es necesario revisar las condiciones de vertido de la temperatura de la descarga, como parámetro de calidad del efluente que se verá afectado por el cambio”. Y en consecuencia, fija “en 37º C (Celsius) la temperatura máxima de vertido del efluente líquido industrial de dicha planta”. De esa forma, elevó de 30º a 37º el vertido, lo que demuestra que el proyecto de Botnia (desde sus cimientos hasta la actualidad) es incompatible con las buenas prácticas ambientales y la firma finlandesa desde un primer momento le ha mentido a los ciudadanos de la región y al mundo entero.
Para ello, modificó el Artículo 11° del Decreto 253/1979 (norma de prevención de la contaminación ambiental mediante el control de las aguas), donde se establece que la temperatura máxima de vertido “no podrá ser superior a los 30º y no podrá elevar la temperatura del cuerpo receptor más de 2º C”.
¿Por qué Botnia diluía sus efluentes con aguas del río Uruguay? La respuesta es sencilla: porque nunca pudo cumplir con el vertido máximo de 30º C.
Cuando Argentina denunció esta situación, Uruguay lejos de sancionar a la empresa la premia diciéndole que no vierta más sus efluentes tal como lo venía haciendo, pero que ahora puede hacerlo siete grados más que lo permitido originalmente. Esto es directamente una tomadura de pelo a los ciudadanos de la región, que desde un principio vienen denunciando el carácter contaminante de la planta Orión (ex Botnia, hoy UPM) y que su diseño es incompatible con el desarrollo sustentable.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya recomendó a ambos Estados “actuar de buena fe”. Pero, lejos de aceptar esa recomendación, el Uruguay cambió la normativa de 1979, 48 horas antes de que los científicos y la CARU ingresen a la planta de Botnia e incluso sin que medie pedido alguno para esa modificación. Otra vez la unilateralidad y los hechos consumados. Otra vez el gobierno uruguayo provoca a la ciudadanía. Otra vez, la República se presenta arrodillada ante este emprendimiento de neto corte colonialista.
Otro acto de mala fe
La mala fe del gobierno uruguayo tiene demasiados antecedentes a lo largo de este conflicto.
De acuerdo a la estimación del Comité Científico (de ambos países) en el primer año del monitoreo se necesitará un millón de dólares para afrontar los gastos, incluido los dos laboratorios canadienses que actuarán hasta tanto se designen los definitivos.
Ese millón de dólares debería ser compartido por partes iguales, del siguiente modo: cada país se comprometió a aportar 300 mil dólares más los 200 mil dólares que anualmente cada uno viene aportando para la CARU. Argentina no sólo que ya depositó (hace tiempo) sus 300 mil dólares sino que también ya depositó los 200 mil dólares anuales que le corresponden. ¿Y Uruguay? Todavía no aportó un solo peso.
El dato
Uruguay autorizó a la Planta Orion (UPM, ex Botnia) a verter sus efluentes pasando de 30º a 37º. Lo hizo a las pocas horas de que el Comité Científico ingresara a la planta a medir. Fue un acto de mala fe.
Sin embargo, en Entre Ríos la normativa vigente autoriza a verter los efluentes al río a 45º. Este dato no es menor, porque habla del atraso que tiene la provincia en materia ambiental. De todos modos, lo grave del caso uruguayo es, como se insiste, su mala fe. A propósito, cuando el gobierno uruguayo hizo este anuncio argumentó que fue en base a un acuerdo con el Gobierno argentino. En las próximas horas debería existir un fuerte comunicado al más alto nivel de cancillería desmintiendo o confirmando esa aseveración.
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